Sancionan por corrupción a exfuncionaria de la Supersalud

EL TIEMPO

Por incurrir en actos de corrupción, representados en la adquisición de un apartamento a cambio de agilizar trámites ante la entidad, la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años a la exsuperintendente Delegada para la Supervisión Institucional de Superintendencia Nacional de Salud, Eva Katherine Carrascal Cantillo.

En el fallo de primera instancia, el órgano de control dice que Carrascal, quien estuvo en el cargo entre el 7 de abril de 2015 y el 23 de enero de 2018, recibió dinero, utilidad y promesa remuneratoria de empresas e instituciones prestadoras de salud, así como de otros terceros, a cambio de que se agilizaran trámites para los pagos de cuentas médicas de las IPS que prestaban sus servicios a EPS, esto constituye el delito de cohecho impropio.

Por estos hechos, la Procuraduría le impuso la sanción de destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 20 años.

En el proceso se encontró que algunas IPS tomaron la decisión de pagarle a la exsuperintendente delegada por sus servicios, por lo que se unieron Aser Salud, Clinical Corporation y G3 y adquirieron un apartamento por valor de $1.440 millones.

La Procuraduría también determinó que existió un incremento injustificado del patrimonio de la exfuncionaria en $145’391.060, dinero que no guarda relación con los ingresos percibidos por concepto de salarios como servidora pública y que en el juicio disciplinario no pudo justificar de dónde provinieron consignaciones en sus cuentas personales.

“Los actos de corrupción en que incurrió la investigada destrozaron la sujeción que tenía con la ley como fundamento, límite y legitimidad de su actuación, y socavó los cimientos que orientan la función pública y el interés general que debe perseguirse por todo servidor público en desarrollo de la misma”, dice el fallo.

El órgano de control calificó las faltas de la exfuncionaria como gravísimas a título de dolo, pues buscó con su proceder a la obtención de dineros y prebendas de manera voluntaria y consciente, queriendo el resultado obtenido.

De otro lado, la Procuraduría ordenó remitir copias de la actuación disciplinaria a la Superintendencia Nacional de Salud, para que fortalezca sus procesos y procedimientos y las matrices de riesgos para prevenir la corrupción. También para que analice la posibilidad de revocar los actos administrativos que fueron adquiridos por medios ilegales por los actores del sistema de salud que fueron promotores de la corrupción al interior de la Supersalud y se le impongan las sanciones correspondientes.

Igualmente, se enviarán copias a las delegadas de la Procuraduría en Asuntos Penales y para la Conciliación Administrativa para que interpongan acciones jurídicas en contra de los particulares y servidores públicos que incurrieron en los hechos objeto de juzgamiento, para buscar la disolución de cualquier beneficio indebido que se hubiera consolidado derivado de estos hechos.

Fuente: El Tiempo

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