Para fortalecer medidas que hay contra la corrupción como responsabilidad de las empresas, la extinción de dominio y brindar más garantías para que se denuncie a los autores de esas acciones, el Gobierno Nacional radicó este martes ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley anticorrupción.
El mismo fue logrado con el aporte de 25 entidades del Estado, en cabeza de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien en conjunto con la Secretaría de Transparencia, lograron la redacción de este proyecto que se fundamenta en doce temas, como por ejemplo expedir nuevas medidas de protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción lo haga con la seguridad, en caso de ser empleado, no vaya a ser despedido.
De la misma forma, según indicó la vicepresidenta Ramírez, se incluyen normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en los casos de corrupción, el fortalecimiento de las actuales medidas de extinción de dominio para facilitar el procedimiento.
Se dispone en el proyecto también un mecanismo de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción; se dispone del fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción; mayor transparencia en el proceso de elección de personeros y en el desarrollo de su gestión.
Ramírez igualmente resaltó que adoptan disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción; ajustes a la acción de repetición contenida en la Ley 678 de 2001; ajustes al régimen disciplinario para combatir la corrupción y finalmente normas en materia contractual para la moralización y la transparencia.
Un aspecto más de la normatividad que se tramita es crear un registro de beneficiarios finales para concentrar en un solo sitio la información de quiénes son los controlantes o accionistas mayoritarios de las empresas que contratan con el Estado, a la cual accederán la Contraloría General, la DIAN, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades, la Procuraduría, la Superfinanciera y la Unidad de Lavado de Activos.
Por su parte el presidente Iván Duque sostuvo que esa ley “servirá para destronar a corruptos que creen que la administración pública está a su servicio, y demostrarle al país que sin demagogia, populismos ni intereses electorales mostramos resultados contundentes contra la corrupción”.
Señaló además que la ley fortalecerá, como nunca, la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción que vincula, entre otras, delación, sanciones a personas jurídicas, extinción de dominio.
Fuente: Radio Nacional de Colombia