Los retos que asume Wilson Ruiz como nuevo ministro de Justicia

El presidente Iván Duque designó este miércoles al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz Orejuela como nuevo ministro de Justicia, en remplazo de la exministra Margarita Cabello, quien fue elegida hace unas semanas procuradora general.

Ruiz, quien se convierte en el tercer ministro de Justicia que ha tenido el gobierno Duque en los dos años que lleva, es abogado de la Universidad Libre, doctor en Derecho summa cum laude de la Universidad Alfonso X el Sabio, de Madrid (España), y tiene un posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca (España). Además, tiene amplia experiencia en el área de lo contencioso administrativo.

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En 2015 fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y en 2013 presidió la Sala Disciplinaria de este órgano de la justicia, sala de la cual fue magistrado entre 2012 y 2015.

Igualmente, fue procurador delegado ante el Consejo de Estado y conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En 2008, el expresidente Álvaro Uribe lo ternó para ser defensor del Pueblo.
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Ha sido docente de las universidades del Rosario, Icesi, Javeriana, Sergio Arboleda, Libre y La Sabana, así como de la Universidad Alfonso X el Sabio, en España, y la Universidad Federal Fluminense, en Brasil.

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Más recientemente, Ruiz se había postulado en la lista de la Corte Suprema de Justicia para ser ternado para procurador general, y aunque el alto tribunal terminó eligiéndolo como su candidato, en el Senado el pulso lo ganó su antecesora en la cartera de Justicia, Margarita Cabello, que había sido ternada por Duque.

Este miércoles, al anunciar su nombramiento, el presidente señaló que Ruiz fue designado para seguir avanzando en los procesos de reforma que se vienen discutiendo en el Congreso, tanto la reforma de la justicia, como en acercamiento de la justicia al ciudadano, la consolidación y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la jurisdicción agraria, entre otros.

Duque señaló igualmente que es prioritario trabajar en la digitalización de la justicia, y que en ese sentido en las próximas semanas se estaría firmando un préstamo con el BID para consolidar el expediente electrónico.

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Y también dijo que el nuevo ministro, tras su posesión, debe continuar con la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, que fue aprobada en el Congreso.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que Ruiz tendrá la tarea de “acompañar y liderar una parte sustancial de nuestra política de ruta futura de lucha integral contra el problema de las drogas para romper las cadenas de abastecimiento, lavado de activos, y que también podamos seguir desvertebrando las estructuras criminales”.

Sobre otro de los grandes retos que asumirá Ruiz, el sistema penitenciario, Duque mencionó que espera que con la coordinación del nuevo ministro se siga fortaleciendo el sistema y que se logre, en los próximos 6 meses, dar vida a nuevos proyectos de infraestructura carcelaria.

Incluso habló de un trabajo con otros equipos para la evaluación del proceso del cannabis medicinal.

Por su parte, Ruiz agradeció al presidente por el nombramiento, que consideró una “oportunidad de poderle aportar al país en materia de justicia. Hay demasiados temas, todos son trascendentales, creo que podríamos hacer mucho en bienestar del país”, concluyó.

Los grandes retos

Tal como lo mencionó Duque, uno de las principales situaciones que enfrentará el nuevo ministro tiene que ver con la atrasada reforma a la justicia, algo que se ha intentado sin éxito 18 veces desde el 2002. Su antecesora Cabello trabajó en conjunto con las altas cortes, durante el último año, en un proyecto de ley de reforma judicial, centrado en ajustes a la cúpula de la rama.

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Ruiz también llega a atender el estado de cosas inconstitucional que persiste desde 1998, cuando la Corte Constitucional declaró que en Colombia hay una violación generalizada de derechos por las indignas condiciones en las que viven los reclusos.

Esto, entre otras cosas, por las pobres condiciones de salud y el hacinamiento que, antes de la pandemia, superaba el 50 por ciento pero que, gracias a medidas provisionales como restringir la entrada de presos y enviar a algunos a casa por cárcel, ahora está sobre el 25 por ciento.

Otro reto está en el tema de los pocos recursos de la rama judicial así como su atraso en digitalización, que se evidenció más con las dificultades que han surgido para que los funcionarios trabajen de forma remota, como medida de prevención frente a la covid-19.

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Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, el histórico rezago presupuestal de la rama llega, desde el año 2000 a este año, a $ 14,7 billones. Esto no solo afecta posibilidades de virtualidad sino cosas como la cantidad de jueces. En la actualidad, el país tiene en promedio 11 jueces por cada 100.000 habitantes, pero la Ocde dice que el estándar óptimo es de al menos 65 togados para esa cantidad de personas.

Fuente: El Tiempo