Desde que dejó el poder en 1999, el frente judicial de Carlos Menem se fue complicando lentamente.
Así el ex presidente tuvo una docena de causas judiciales abiertas en su contra pero solo llegó a tener tres condenas de tribunales orales pero ninguna llegó a estar firme, es decir confirmada tanto por la Cámara Nacional de Casación Penal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Había sido condenado en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, abierta por una investigación de Clarín en 1995, por la venta del predio de la Rural de Palermo a precio vil y por el pago de sobresueldos durante sus dos presidencias.
La condena es la última etapa de un proceso judicial.
De todas las causas, en la que más estuvo complicado fue en el contrabando de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia cuando se encontraban en guerra contra Perú por la cordillera del Cóndor y contra Serbia en la guerra de los Balcanes.
La denuncia por esta causa la hizo el abogado Ricardo Monner Sans en 1995 en base a la investigación de este diario.
El ex juez federal Jorge Urso dispuso en el 2001 la prisión preventiva -pedida por el fiscal Carlos Stornelli- del ex presidente pero a los 6 meses la detención domiciliaria fue revocada por un fallo polémico de la “mayoría automática” de la Corte.
Esta causa a 23 años de su apertura a mediados de este año seguía abierta en los laberintos de la Justicia. Menem nunca estuvo preso con condena firme.
Tras esa preventiva, se hizo elegir senador por La Rioja pese a que había dicho “el que llega a Papa no vuelve a ser monaguillo”.
Gracias a la “doctrina Pichetto” creada por el senador Miguel Ángel Pichetto y según la cual el Senado no debe desaforar a ningún senador que haya sido ex presidente a menos de que la condena esté firme por la Corte.
En octubre del 2018, la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió a Menem en esta causa en un fallo polémico.
La decisión la tomó la sala de ese tribunal de alzada integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques por considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para tener una condena firme en una juicio que empezó en 1995, es decir hace 23 años, sin definir el tema de fondo es decir si era inocente o culpable del contrabando de armas.
Pero el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió a la Corte que revoque la absolución de Menem en la causa por esta causa y, hasta ahora, se espera una definición final.
Se basó en el pedido de condena que había hecho el fiscal de juicio oral y actual miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
En su escrito, Pleé señala que “corresponde revocar la sentencia que al declarar extinguida la acción penal por prescripción, desconoció lo resuelto por la Corte Suprema en su anterior intervención en la misma causa e importó un exceso de la competencia devuelta a los jueces de grado.”
Sin embargo, Menem también seguía procesado en el caso de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, en que murieron 5 personas y hubo numerosos heridos. La fábrica había sido el centro de acopio de las 6.500 toneladas de armas y municiones contrabandeadas a Ecuador y Croacia. Menem estaba citado para ser indagado la semana próxima por un tribunal oral de Córdoba, pero la audiencia se suspendió por su mal estado de salud.
En otra caso, Menem también fue condenado a cumplir una pena de tres años y nueve meses de prisión al ser hallado culpable por un tribunal oral del delito de peculado por la venta a precio vil del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo en la década del 90. El fiscal de esta causa también fue Carlos Stornelli.
Por otra parte, en marzo de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Menem a cumplir 4 años de prisión que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) por la comisión del delito de peculado por el pago de sobresueldos a funcionarios que lo acompañaron en su segundo mandato de gobierno, entre 1995 y 1999.
En total, según la Justicia, en el gobierno de Menem se pagaron sobresueldos con fondos de la SIDE por $4.152.827.200.
Al mismo tiempo, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, interpuso un recurso de casación contra el archivo de la causa “Siemens”, que investigó sobornos acordados con funcionarios públicos durante el gobierno de Carlos Menem, a cambio del contrato por los DNI.
En febrero de 2019, el juez federal, Ariel Lijo y luego la Sala II de la Cámara Federal, confirmaron al archivo de esa causa porque la Justicia de EE.UU no envió, hasta ahora, las confesiones de empresarios alemanes según las cuales se pagaron 100 millones de dólares por ese contrato de 1.700 millones de dólares.
Además, la Cámara Federal porteña revocó en noviembre de 2019 un sobreseimiento por prescripción en la causa por la privatización del astillero Tandanor en el menemismo, y ordenó al juez Claudio Bonadio, “dar respuesta” a la situación de otros imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Menem.
Al revocar el sobreseimiento de uno de los acusados, la Cámara recordó que ya ordenó al juez establecer si alguno de los imputados permaneció en la función pública durante un período que justifique la interrupción de la prescripción en la pesquisa. Los funcionarios de menor rango que entregaron Tandanor fueron todos condenados.
A este panorama se suma, el hecho insólito según el cual quince años desde que se inició un expediente por supuesto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py y recién en el 2019 comenzó a peritarse el patrimonio de Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita.
La juez María Eugenia Capuchetti que se hizo cargo hace pocos meses del juzgado que tuvo por años Norberto Oyarbide, ordenó una pericia económica sobre los bienes del ex presidente en una denuncia de larga data. Sucede que Menem tiene una cuenta en un banco suizo con 600 mil de dólares y su secretario privado, Ramón Hernández, otra con 6 millones.
En cambio, el ex presidente fue absuelto en la causa por las irregularidades en la primera investigación del atentado contra la AMIA y otras causas judiciales que se abrieron durante y después de su gestión presidencial, muchas de las cuales tardaron tiempos récords en tramitarse por complicidades políticas, chicanas judiciales y una justicia lenta.
Fuente: Clarín