se dio a conocer una nueva decisión del Supremo Tribunal Federal en Brasil, según la cual el expresidente. Luiz Inácio “Lula” da Silva, podrá seguir accediendo a las conversaciones hackeadas de la llamada “Operación Spoofing” entre los fiscales del ex equipo Lava Jato y entre éstos y el ex juez Sérgio Moro.
Esto ocurre cuando la más alta corte delibera si el Ministerio Público y el Poder Judicial fueron imparciales a la hora de investigar, juzgar y sentenciar los casos de corrupción en los que se vio involucrado y por los cuales no pudo ser candidato presidencial en 2018.
Juez brasileño, Sergio Moro. (Foto: ANDINA)A ello se suma la disolución del equipo de fiscales de Lava Jato en Brasil, que pasó relativamente desapercibida la semana pasada, en medio de la pandemia.
La decisión fue tomada por el fiscal general Augusto Aras y comunicada por el Ministerio Público Federal de Curitiba, la capital del estado sureño de Paraná que se convirtió en el epicentro de las investigaciones centradas en los actos de corrupción en los que participaron otrora poderosas constructoras como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez.
El MP de Curitiba informó que los integrantes de la conocida como Fuerza Especial pasará a formar parte de un grupo que actuará contra el crimen organizado y que supuestamente heredará casos de Lava Jato.
Empresa brasileña Odebrecht. (Foto: ANDINA) El balance ha sido resumido en unos US$805 millones obtenidos de las empresas a partir de acuerdos de lenidad y la condena judicial de 174 personas, entre ellas dos veces al ex presidente Luis Inácio “Lula” da Silva, su ex jefe de gabinete José Dirceu y el ex ministro de Economía Antonio Palocci.
LAWFARE DE CURITIBA
Las consecuencias políticas, como en el Perú, tuvieron el efecto de un bombardeo. Entre ellas se cuentan la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y la detención e inhabilitación como candidato presidencial de Lula. El ultraderechista presidente actual, Jair Bolsonaro, ha admitido que no hubiera resultado electo sin el efecto Lava Jato. Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019.
Luego del vendaval, la percepción sobre el caso se revirtió dramáticamente durante los últimos dos años. Si acá las estrellas han sido los fiscales del Equipo Especial comandados por Rafael Vela y José Domingo Pérez, allá el hombre era el juez Moro. Un Richard Concepción Carhuancho con tanta ambición que terminó como el ministro de Justicia del beneficiado Bolsonaro.
Fiscal José Domingo Pérez. (Foto: FABIOLA GRANDA)En 2019 se dieron a conocer las primeras conversaciones entre los fiscales de la Fuerza Especial y Moro por vía Telegram, en las que complotaban contra Lula. Allí, en el caso que el portal The Intercept bautizó como Vaza Jato, se referían al ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “Nine”, en alusión a los nueve dedos que le quedan, pues perdió el meñique izquierdo en un accidente como obrero en una fábrica de Sao Paolo.
Para cuando se dieron a conocer los chats, el fiscal Deltan Dallagnol -el Vela de la película- ya estaba fuera del equipo para evitar se destituido en un caso de abuso de poder. Moro se matriculó como ministro de Justicia de Bolsonaro pero renunció al gabinete en abril último. Hoy trabaja para una consultora jurídica estadounidense que tiene entre sus clientes a Odebrecht.
Fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela (FOTO: Andina) Los diálogos de Telegram han motivado una investigación por parte del Supremo Tribunal Federal, que revisará la imparcialidad de los fiscales y el ex juez en las condenas contra Lula. El PT ha calificado los casos como “lawfare”. La traducción de guerra jurídica o judicial. La variante de la judicialización de la política -o la politización de la justicia- a la que se han referido los contusos, muertos y heridos del caso Odebrecht en el Perú.
FISCALES CORRUPTOS
Pero otro de los golpes más duros se produjo en octubre de 2019, cuando la Policía Federal arrestó en Río de Janeiro a 12 fiscales de la Administración Federal de Impuestos por, presuntamente, cobrar sobornos a investigados por Lava Jato.
El fiscal Marco Aurelio Canal fue sindicado como el jefe de la organización. Canal integró directamente la fuerza de tarea de Lava Jato en la Fiscalía brasileña.
El modus operandi del grupo era el del cobro de coimas a los investigados a cambio de la reducción o cancelación de multas por evasión de impuestos.
La investigación que terminó con el arresto de los fiscales y 39 allanamientos se inició con las declaraciones de dos investigados por Lava Jato que colaboran con la justicia. Entonces la Fiscalía denunció la existencia de una extensa red de lavado de dinero.
REBOTE PERUANO
¿Puede esta debacle influir en los procesos en el Perú? La gran mayoría de casos con algunas excepciones -como el de la corrupción en los arbitrajes en el Perú- tienen su origen en información recabada en Brasil. Allí ya se vive una ofensiva judicial que podría tener su correlato cholo. De hecho, el Tribunal Constitucional del Perú deberá responder a recursos presentados por abogados de incriminados en el caso Lava Jato que argumentan el recorte del derecho a la estrategia de defensa.
Es claro que detrás de Lava Jato hay hechos evidentes de corrupción. Pero, como lo sostuvo repetidamente CARETAS, la Fiscalía y, particularmente, el Poder Judicial estaban obligados a diferenciar casos y circunstancias. Los aportes de campaña -cuya ilegalidad en el Perú era por entonces muy dudosa- no son lo mismo que las coimas para conseguir obras. La prisión preventiva de políticos se convirtió en la norma y, a la larga, su abuso debilitaría el proceso.
Como lo acaba de advertir el diario español El País, “el problema son los juicios en que las investigaciones atropelladas han tenido consecuencias directas para el rumbo político de Brasil. La serie de publicaciones Vaza Jato ya había revelado conversaciones que mostraban las estrategias de divulgación a la prensa y el contacto directo de los fiscales con algunos movimientos callejeros que, en 2016, querían derribar a la entonces presidenta Dilma Rousseff, con los que alimentaban la presión popular para que esta favoreciera a las causas de la Lava Jato”.
Las últimas noticias no han sido buenas para los fiscales del caso Lava Jato en el Perú. La procuraduría de la SUNAT denunció a Vela y Pérez por intentar sacar a los investigados brasileños de investigaciones por delitos tributarios y Pérez declaró hace algunas semanas que, a pesar de años en la investigación, todavía no presenta denuncia contra Keiko Fujimori debido a los pedidos de los abogados.
Fuente: Caretas
