Un diputado aliado al gobierno de Brasil le advirtió al presidente Jair Bolsonaro en enero y marzo de este año que existían «irregularidades» en el proceso de compra a la India de millones de dosis de la vacuna Covaxin, pese a lo cual el país firmó el acuerdo, y ahora la cuestión será investigada por la comisión del Senado que analiza el manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo.
La advertencia fue del legislador Luis Miranda, de Demócratas (DEM, aliados del gobierno nacional), que le hizo saber del posible hecho de corrupción a Bolsonaro a fines de enero pasado. Aun así, el 25 de febrero, el Ejecutivo firmó un entendimiento por 1.600 millones de reales (322 millones de dólares) con el laboratorio indio.
Según reveló el sitio El Antagonista, la denuncia de Miranda estaba amparada por información de su hermano, Ricardo Miranda, por entonces jefe del Departamento de Importaciones del Ministerio de Salud, quien le reveló que sufría «presiones» hasta de «coroneles» para concretar ese negocio. El portal reveló que el hermano del diputado «supuestamente estaba siendo perseguido por ello, e incluso fue exonerado» del cargo.
Si se comprueba el aviso, Bolsonaro puede ser acusado como mínimo de prevaricación (también conocida como prevaricato). El Código Penal define a esta mala conducta como «retrasar o no practicar, de manera indebida, un acto oficial, o practicarlo contra una disposición expresa de la ley, para satisfacer un interés o sentimiento personal». El Antagonista especuló con que el Ministerio de salud podrá alegar que el pago por las 20 millones de dosis aún no se hizo efectivo, «pero eso no elimina el hecho de que el contrato se firmó realmente».
Miranda dijo que Bolsonaro le anticipó «con cada letra del alfabeto» que enviaría el caso a la Policía Federal, pero que él desconoce si efectivamente lo hizo. El legislador de DEM dijo que sus advertencias fueron el 29 y 30 de enero, antes de la firma del contrato, y el 20 de marzo.
«Tengo pruebas y testigos»
Ese último día, antes de la conversación con Bolsonaro, el diputado envió a un asesor presidencial este mensaje: «Notifique al presidente de la República que existe un fuerte esquema de corrupción en la adquisición de vacunas dentro del Ministerio de Salud. Tengo pruebas y testigos». La respuesta del asesor fue la imagen de una bandera brasileña. Una hora después, Miranda envió otro mensaje: «No olvide notificar al presidente. Después, no quiero que nadie diga que hice implosión de la República».
El senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión investigadora, presentó hoy una serie de documentos ya mostrados por la prensa local que revelan las posibles «irregularidades» denunciadas por Miranda, y que están en la mira de la Fiscalía General.
El acuerdo para la compra de dosis al laboratorio Bharat Biotech supone el precio por vacuna más alto pactado hasta ahora por el gobierno brasileño. Además, las vacunas fueron adquiridas sin que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el ente regulador, hubiera constatado su eficacia, y hasta inicialmente rechazó su importación, aunque luego la autorizó.
Según documentos citados por otros medios, Covaxin es la única vacuna que el gobierno negoció mediante un «intermediario», que identifican como la firma brasileña Precisa, uno de cuyos socios, Francisco Maximiano, es propietario de otra empresa investigada por sospechas de corrupción en contratos con organismos públicos.
La comisión acordó citar a declarar a los funcionarios del gobierno que participaron en la negociación e insistió en que escuchará en los próximos días al empresario Maximiano. El cuerpo anunció días pasados que abrió oficialmente una investigación criminal contra el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y su antecesor, el general Eduardo Pazuello, así como contra el ex canciller Ernesto Araújo y otras once personas.
